El impacto en las exportaciones (INTAL-BID). Mayo 2024
Autores: Jimena Calvo, Victoria Arias Mahiques, María Fernanda Villafañe, Pablo de la Vega, Leonardo Park, Ángeles Sancisi y Verónica Gutman
Resumen ejecutivo:
El estudio aborda los posibles impactos económicos y comerciales de la nueva regulación de la Unión Europea sobre la importación de productos libres de deforestación en Argentina. Se examina el marco regulatorio que entrará en vigor en enero de 2025, estableciendo un sistema de trazabilidad para productos primarios vinculados a la deforestación, como soja, ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho y madera. Se evalúa la deforestación actual en Argentina, teniendo en cuenta que la norma establece como fecha de corte de suelo deforestado enero de 2021. Aproximadamente el 40% de las exportaciones de bienes argentinos a la Unión Europea se verán expuestas a esta regulación, principalmente debido a las exportaciones de soja y ganado bovino. Utilizando un modelo de equilibrio general computable, se estima que el PBI podría disminuir entre un 0,15% y un 0,26% si las exportaciones no se ajustan a la normativa. Finalmente, se realizan recomendaciones de política para garantizar el cumplimiento y promover la inserción internacional de productos agrícolas sostenibles.
Principales Hallazgos y Recomendaciones:
- Recomendaciones orientadas al cumplimiento operativo de la norma
Para las materias primas y productos que se deseen exportar a la UE, será necesario contar con sistemas de trazabilidad desde el campo hasta el punto de embarque. Con ese objetivo, es fundamental identificar la totalidad de los sistemas de información (públicos y/o privados) existentes en las respectivas cadenas de valor involucradas, y profundizar el análisis de compatibilidad de la información provista por los sistemas de AFIP y SENASA con la información que requiere la normativa europea. En este sentido, como se ha mencionado anteriormente, se ha identificado la iniciativa de ViSeC, promovida por el sector privado para la cadena de la Soja. Los sistemas de trazabilidad de los productos exportables deberán tener en cuenta lo siguiente:
- Integración de sistemas de georreferenciación. La georreferenciación de las parcelas y/o unidades productivas será parte de la información que deberá ser suministrada en la debida diligencia. En este sentido, es recomendable profundizar en la información que contienen los sistemas existentes a nivel gubernamental, de forma de trabajar en su integración.
- En este sentido, sería deseable poder contar con información integrada que brinde información sobre unidades productivas y parcelas deforestadas. Teniendo en cuenta la existencia del CIAM, el SiNiA y el SNMBN (mencionados en sección 2), es recomendable construir una plataforma que permita que, ingresando un determinado punto de coordenadas, se pueda acceder a información en diferentes niveles o capas (por ejemplo, categoría del OTBN provincial a la que corresponde la parcela, si ha sufrido deforestación luego del 31 de diciembre de 2020, si se ha presentado plan de manejo, quién es el titular de la tierra, etc.).
- Por ello, también se advierte la utilidad de crear un registro de propiedades rurales georreferenciadas siguiendo como modelo, por ejemplo, el Catastro Ambiental Rural (CAR) de Brasil. El CAR es un registro público electrónico nacional obligatorio para todas las propiedades rurales que integra información sobre los establecimientos agropecuarios con información ambiental.
2. Recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la dimensión institucional nacional y sub-nacional.
Los posibles impactos de la regulación europea llevan a tener que analizar las capacidades institucionales nacionales y sub-nacionales:
- Planificación del uso del suelo. Es necesario avanzar en un ordenamiento integral del territorio que considere de manera conjunta los distintos biomas (bosques, humedales, etc.) y que organice el área agrícola, el área de conservación, el área forestal y el área urbana a partir de procesos de análisis de impacto ambiental, de evaluaciones ambientales estratégicas a partir de un acuerdo federal con participación del sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales y pueblos originarios.
- Fortalecimiento de los mecanismos de control. La Argentina se ubicó entre los 10 países con mayor pérdida neta de superficie forestal en el período 2000-2015 (Ritchie y Roser, 2021), lo que evidencia la necesidad de avanzar en el desarrollo de mayores mecanismos de control y fiscalización de la deforestación. Para ello será necesario fortalecer los sistemas de información locales.
- Concientización y capacitación a las autoridades provinciales Brindar formación sobre las implicancias del otorgamiento de las autorizaciones de desmonte en área verde respecto a las posibilidades comerciales con la UE.
- Impulso y desarrollo de instrumentos económicos. Es necesario avanzar en el diseño de más y mejores incentivos para la no-deforestación considerando esquemas de pago por servicios eco-sistémicos para los tenedores de bosques.
- Asimismo, es preciso impulsar el desarrollo de una banca “verde” orientada a financiar proyectos que busquen promover la sostenibilidad ambiental; específicamente, proyectos relacionados con el desarrollo de las tecnologías necesarias para garantizar la trazabilidad y verificación de los productos exportados a la UE y expuestos a la norma de DFP.
- Respecto a las capacidades estatales vinculadas a la regulación comercial ambiental, es necesario fortalecer la coordinación de una estrategia común a nivel nacional que aborde las dimensiones ambientales, climáticas, comerciales y sectoriales de forma integral. En ese sentido, se advierten algunos posibles lineamientos: 1) Valorización de los avances institucionales. Sería deseable que en el proceso de interlocución con la UE relacionado con la determinación del nivel de riesgo sean atendidos los avances realizados en términos de robustecimiento de los mecanismos de protección (Ley de Bosques, la expansión de los planes de manejo y conservación, y el desarrollo de instrumentos para el control y monitoreo de bosques). 2) Abordaje público-privado de la temática como capítulo de Agenda de Trabajo del “Gabinete Nacional de Cambio Climático”. 3) Seguimiento de los procesos de reglamentación de la normativa. Se debe prestar especial atención a la extensión del ámbito de aplicación a nuevas materias primas y productos (como el maíz o los biocarburantes), así como a otros ecosistemas y tierras con elevadas reservas de carbono y alto valor en términos de biodiversidad (praderas, turberas y humedales), tal como advierte la norma de la UE.
3. Fortalecimiento de la agenda público-privado
- Capitalización de los avances de las iniciativas ya existentes (como ViSeC) así como de las lecciones aprendidas (forestal, biodiesel, cuota-Hilton), e integración con áreas gubernamentales sustantivas en una mesa común (Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, Ministerio de Ambiente, AFIP, SENASA, Cancillería, entre otras).
- Potenciación de redes existentes para continuar promoviendo prácticas sostenibles en la producción agropecuaria a través del acompañamiento y generación de incentivos para su adopción.
- Concientización y capacitación a las unidades productivas agrícolas (especialmente a las más pequeñas). Brindar formación sobre las implicancias del desmonte en área verde respecto a las posibilidades comerciales con la UE posteriores.